Fernand Braudel Center, Binghamton University
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Commentario 150, Dec. 1, 2004
Elecciones, elecciones, elecciones
Las
elecciones se han vuelto el lugar común del mundo moderno. Casi todas las
naciones las realizan, y en repetidas ocasiones. Además, casi todo país afirma
ser una democracia. Cuando la mayoría de las personas usan la palabra
democracia, lo primero a lo que se refieren es a las elecciones, pero no
cualesquiera, sino las que llaman elecciones libres. Según casi todas las
definiciones, una elección libre es supuestamente aquella en la que candidatos
alternativos, representativos de distintos puntos de vista, pueden presentarse
a los electores, comunicarse con ellos con libertad y ser electos por el voto
libre de ellos. Se supone que el resultado de tal elección libre es una
decisión legítima respecto de quién gobernará una unidad política (o, en el
caso de un referendo, qué decisión tendrá fuerza de ley). Si una elección es
libre, se espera que el bando perdedor reconozca la derrota con honestidad y,
por tanto, que acepte los resultados como voluntad de la mayoría.
Existe un
número enorme de presunciones en esta descripción típica. Puesto que en muchos
casos, quizá en la mayoría, los comicios son importantes, los electores a
menudo se apasionan con ellos -antes, durante y después- y con mucha frecuencia
no aceptan pasivamente los resultados. Es decir, denuncian que el proceso no se
fue imparcial o que incluso fue fraudulento y, por tanto, los resultados son
ilegítimos. Esto ocurre muy a menudo. Si uno piensa en las elecciones recientes
o las próximas en el mundo, ha habido una serie de ellas con resultados en
disputa, por ejemplo en Irán, Venezuela, Estados Unidos, Georgia y Ucrania en
2004, y Palestina e Irak, programadas en 2005 y bajo impugnaciones por
adelantado. Es importante hacer notar que no todos los resultados electorales
son controvertidos. Muchos países las llevaron a cabo este año sin que hubiese
dudas serias sobre su legitimidad, por ejemplo Canadá, España, Uruguay e India.
Es
esclarecedor, por tanto, repasar las dudas que se han planteado respecto de las
elecciones impugnadas, y las razones por las cuales no se celebraron con la
tersura suficiente para que nadie se molestara en escribir sobre ellas, excepto
para analizar por qué los ganadores obtuvieron el triunfo. Debemos comenzar por
asumir que en toda elección hay ciertas prácticas que no siguen las reglas
teóricas de legalidad e imparcialidad. Por lo regular sólo se hace mucho
escándalo cuando la disputa es tan cerrada que tales prácticas pueden afectar
los resultados anunciados.
La
primera cuestión, tal vez la más elemental, es quién tiene derecho a votar. El
concepto de elecciones libres y justas asume por lo general que todos los
ciudadanos de cierta edad (por lo común de 18 a 21 años) son elegibles para
votar. Hoy, sólo una elección en la que haya sufragio universal de hombres y
mujeres se considera libre. Puesto que tales disposiciones tienden a ser legales
en la mayoría de los países y están en vigor desde cierto tiempo antes de la
elección, la pérdida de derechos electorales por lo general no se presenta como
tema vigente. Pero precisamente se le planteó en las elecciones de Estados
Unidos, donde, como las reglas varían según los estados individuales, la
cuestión de si los reos de delitos graves pueden votar es una consideración
importante. Sólo dos de los 51 estados permiten votar a los presos. Y algunos
estados privan para siempre de sus derechos a tales delincuentes, incluso
cuando hayan purgado su sentencia. Puesto que los reos provienen en forma
desproporcionada de grupos minoritarios, en ciertos estados el efecto es
reducir en forma significativa el derecho de voto de los negros. Y esto, dado
el sistema de colegio electoral, puede afectar en forma decisiva el resultado. Por
ejemplo, George W. Bush hubiera perdido en 2000 si los reos de delitos graves
no hubiesen estado privados del derecho a sufragar en Florida. No está claro en
qué medida haya afectado esto los resultados en 2004.
¿Quién
puede postularse a un cargo? Este asunto tuvo gran importancia en el caso de
Irán. En el sistema actual, existe un órgano oficial que debe certificar el
derecho de todo candidato a postularse. Dicha estructura está controlada por
una de las principales facciones partidistas, la cual se negó a certificar a
gran número de candidatos de la otra facción, que así quedaron excluidos de las
boletas. En las próximas elecciones palestinas, ¿permitirán los israelíes que
Marwan Barghouti, actualmente en prisión, se postule para presidente, haga
campaña y sea electo al cargo?
¿Quién
tiene acceso a los medios? Aquí se trata de quién los controla, sea el gobierno
o el dinero. En algunos casos -de manera notoria en Georgia, Irán y
potencialmente Irak-, el gobierno ha tenido férreo control de los medios, con
lo cual priva a la oposición de la capacidad de presentar sus argumentos en
ellos. En el caso de Palestina, Israel controla los medios, y tendremos que ver
cuál será el impacto de ese control. El tema del dinero y de su impacto en los
medios, los cuales venden su espacio, ha sido materia de discusión durante
mucho tiempo en Estados Unidos.
Sin
embargo, todos estos temas se presentan, por decirlo así, antes de la elección
real. Por lo regular la mayoría de las quejas serias se dan respecto de ésta. La
primera es la intimidación de votantes, la cual puede adoptar varias formas. Existe
el efecto de movilizar a los votantes con métodos de mano dura o, en sentido
inverso, de impedirles acudir a las urnas. La oposición lanzó esta acusación en
Venezuela. Este será, sin duda, un asunto importante en Irak. Pero existen
formas más sutiles de intimidación. Se alega que en Estados Unidos cobró la
forma de poner en duda sin fundamentos el derecho de voto de ciertos ciudadanos
o esparcir rumores sobre ese derecho. Se teme que la presencia continua de
militares israelíes en zonas palestinas afecte o dificulte el voto de los
palestinos, y sin duda las campañas de algunos candidatos.
La
cuestión más importante siempre es el recuento final de votos, el cual fue
punto de disputa en Venezuela, Estados Unidos, Georgia, Ucrania y lo será muy
probablemente en Irán y Palestina. En Venezuela, la oposición objeta el
recuento hasta la fecha, pero grupos de observadores internacionales avalaron
el conteo y hoy los resultados son aceptados por la generalidad. En Estados
Unidos aún se impugna, incluso en tribunales, el recuento en algunos estados. Una
queja, resultado de la tecnología avanzada, es que se manipularon resultados
generados por computadora en lugares donde no existe registro en papel. La
evidencia, dispersa por toda la Internet, procede de una serie de cálculos que
muestran que algunos resultados son sumamente improbables en términos
estadísticos. En Georgia, por efecto de la rebelión en las calles, el gobierno
reculó y de hecho reconoció que los resultados anunciados en un principio eran
fraudulentos. Estas cuestiones siempre se complican a causa de las reglas
referentes a los resultados, y de las decisiones de los tribunales (que en sí
mismos están sujetos a impugnaciones, como en Venezuela, Estados Unidos y
Ucrania).
Y luego
está el asunto de si se pueden tener elecciones justas y libres en situaciones
de disturbios políticos y militares. Este es el tema central respecto de las
próximas elecciones en Irak. Por ejemplo, la combinación de la insurgencia y el
llamado a boicotear o posponer las elecciones que realizan la mayoría de los
partidos políticos sunitas y las autoridades religiosas, ¿significará que la
participación sunita en la elección será mínima, y en tal caso los resultados
podrán considerarse legítimos?
Por
último está la cuestión de la interferencia externa. El gobierno venezolano
acusó a Estados Unidos de dar apoyo irrestricto a la oposición. En Georgia,
Ucrania, Irak y Palestina es evidente que fuerzas externas no sólo están
interesadas en los resultados, sino ejercen activamente su influencia para
afectarlos o para influir en el debate poselectoral respectivo.
En
general, existe buena dosis de hipocresía cuando se invoca el concepto de
elecciones libres y justas. Se supone que los comicios deciden resultados
políticos, pero muy a menudo la flecha de la causalidad apunta en la otra
dirección: la política decide los resultados oficiales, y a menudo, en los
comicios disputados, un acuerdo político tras bambalinas afecta la probabilidad
de que los resultados se consideren legítimos o no.
No es que
las elecciones no deban ser libres y justas: lo que ocurre es que estamos muy
lejos de asegurar que realmente lo sean en todo el mundo. Norte y sur. Y una
vieja máxima nos dice que quienes viven en casa de cristal deben abstenerse de
arrojar piedras, o por lo menos hacerlo con mucha prudencia.
Immanuel Wallerstein
Traducción: Jorge Anaya
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